Es necesario aplicar tiempo a entender cómo se hará vivible la Argentina luego de desembarazarnos de este intento de retroceder un siglo en el tejido social, con una absurda máscara de modernización.
Queda cada día un poco más claro que no se trata de gestionar mejor el neoliberalismo, sino de liberarnos de él, con las transformaciones estructurales que sean razonables.
Lamentablemente a esa compleja tarea se agrega la necesidad de recuperar patrimonio público que se ha ido rematando a velocidad creciente y con total impudicia.
Represas, distribuidoras de energía, concesiones petroleras o mineras, el abastecimiento de agua del AMBA, la lista es larga.
La tarea la han hecho creyendo que el marco legal tradicional, de licitaciones amañadas, con una legislación que rápidamente debería llevar cualquier reclamo a tribunales internacionales no ecuánimes, es suficiente para otorgar un escudo frente a eventuales reclamos.
Es probable. Eso en términos tradicionales, con una legislación estructurada para las metas y los procedimientos hegemónicos en el neoliberalismo.
Sin embargo, parece el momento necesario y preciso para que este marco se modifique.
Cuando alguien decide que los ingresos reales de una fracción importante de los jubilados no alcancen ni remotamente para la subsistencia, aumentan las muertes por suicidio y por imposibilidad de atender la salud.
¿Es osado, aventurado o equivocado entender que se trata de muertes inducidas por políticas públicas deliberadas? ¿No deberíamos llamar a eso crímenes sociales?
Cuando lo mismo sucede con discapacitados a los que no se les brinda la atención debida, ¿no sería aplicable el mismo término?
Cuando se habilita la usura en los préstamos a personas que no pueden acceder al sistema financiero, ¿qué?
Cuando se permite la promoción del juego como tabla imaginaria de salvación frente a la falta de trabajo, ¿qué?
Más difícil de percibir, pero que merece similar calificación, ¿cómo analizamos la venta de una distribuidora pública de energía con utilidades pendientes de distribución, que no se contabilizan en el precio y le permiten al comprador apropiarse inmediatamente de ellas y prácticamente hacerse gratis de la empresa? ¿No es eso quitarle al Estado – que es de todos – fondos necesarios para la salud o para cualquiera de los frentes arriba mencionados y no atendidos? ¿No es también eso un crimen social?
No se trata solo de vender barato un activo o de dar preferencia a un comprador sobre otro. Esas cosas pueden dar lugar a reclamos judiciales por canales ya conocidos.
Se trata de producir daños en el activo comunitario que reducen la esperanza de vida de millones, por más de una causa verificable.
Es un daño que se viene reiterando y amplificando cada vez, hace décadas, pero que nunca la justicia del sistema ha reconocido.
Creo que es hora que juristas populares le den forma a la calificación, al daño y a la condena respectivas y la política se ocupe de buscar los senderos para hacer punible esta figura, la del crimen social.
El futuro cuerpo legal argentino – y por supuesto el de todos los países que quisieran imitarlo – dispondría así de una herramienta de envergadura para desalentar a aquellos que alguna vez consideramos aventureros del poder y a falta de castigo, han crecido en número y en ambiciones hasta convertir a este tiempo en un infierno imposible de tolerar o de remediar con paños fríos.
Es la hora de pelear de verdad por nuestro derecho a vivir.