El debate sobre el desarrollo en la Argentina
Marisa Duarte
La discusión sobre el desarrollo en la Argentina tiene una larga trayectoria, con una evolución errática a veces y trunca otras.
La primera noción de desarrollo que se planteó nuestro país estaba asociada a la modernización cuyo horizonte eran los países centrales. Se trataba de generar un proceso de industrialización que permitiera el crecimiento económico y la complejización de las sociedades. A partir de los años cincuenta del siglo pasado, y a la luz de la evidencia que mostraba que los países periféricos no seguían el mismo camino evolutivo, comenzaron a esbozarse las tesis que hablaban de las disparidades: primero el estructuralismo y luego la teoría de la dependencia.
El estructuralismo fue desarrollado a partir de Raúl Prebisch y continuado por numerosos investigadores nucleados en la CEPAL, sobre la base de identificar dos características centrales del desarrollo económico: la existencia de una gran asimetría de relaciones de poder entre el centro y la periferia y, en segundo lugar, la tendencia a largo plazo del deterioro de los términos de intercambio en el comercio internacional en perjuicio de los países periféricos. En esta visión desempeña un papel central el desarrollo tecnológico que hace posible la producción industrial integrada y con mayor perfil exportador, lo que podía ser resuelto con políticas económicas en esa dirección.
La teoría de la dependencia surge y cobra fuerza en América latina en los años sesenta y setenta a partir de reconocer que el subdesarrollo está directamente asociado a la expansión de los países industrializados, que el desarrollo y el subdesarrollo son dos aspectos del mismo proceso, que el desarrollo no es una etapa en un proceso gradual sino una condición en sí misma y que la dependencia no es sólo económica sino que tiene factores políticos y sociales (entre países y al interior de los mismos) que consolidan la situación desigual.
Más recientemente, iniciado el siglo XXI y a la luz de la crisis del neoliberalismo impulsado por el Consenso de Washington y el surgimiento de los procesos nacional populares, en nuestro país se entendió que la continuidad del desarrollo debía adoptar la forma del neodesarrollismo: esto es, la vigencia de economías fuertemente asentadas en la expansión del mercado interno, con participación significativa del gasto público y con alto componente de la industria en el PBI. En esa estructura participan tanto actores locales como extranjeros, grandes y pequeños, conglomerados o empresas únicas, en igualdad de condiciones.
En paralelo, en la franja andina del continente surge la idea del desarrollo haciendo eje en la vida digna que se conceptualiza como “buen vivir” y que cobra forma en Bolivia y Ecuador. En esta perspectiva, la vida está puesta en el centro de la escena e incluye tanto a las personas como la biodiversidad, atendiendo a la representación equitativa de razas, naciones, culturas, géneros y clases.
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En el año 2008 se produjo una crisis en el centro neurálgico del capitalismo financiero internacional que hasta el presente está siendo gestionada y trasladada a la periferia sin conseguir resolverla. Esa crisis llegó con posterioridad a América Latina arrasando con los avances de los procesos nacionales y populares que habían conseguido una distribución más equitativa del ingreso. Ese deterioro no se explica sólo por la crisis internacional sino por la conjunción de ese factor con las dificultades propias de las alianzas gobernantes en disputa con el poder económico local y externo.
Frente a esa frustración, en nuestro país, comenzaron a erigirse fuerzas políticas de derecha que – primero tímidamente y luego sin complejos- le darán cuerpo a la plataforma de gobierno de los sectores dominantes con apoyo popular.
En la estructura económica argentina actual existen distintos tipos de capitalismo que se construyen a partir de sujetos diversos e involucran a distintos sectores:
a) Un capitalismo de punta compuesto por los sectores automotriz, hidrocarburífero, finanzas, nuevas tecnologías, cereales y oleaginosas, que se caracteriza por altas rentabilidades, alto componente tecnológico, vinculados a los mercados globales, con capacidad de exportación y alta productividad. Estos sectores están motorizados por grandes empresas que generan poco empleo; pero, en general, se trata de remuneraciones elevadas y en condiciones de formalidad y sindicalización.
b) Un capitalismo intermedio compuesto por el sector textil, calzado, alimentos y medicamentos, que produce para el mercado interno, con rentabilidades y productividades medias, con alto componente de bienes intermedios importados. Este sector tiene un alto componente de pymes, es un gran generador de empleo, pero en condiciones más precarias y de menores ingresos que el primer grupo.
c) Un sector de la economía impulsado por la economía social, popular, cooperativa y autogestionada que resuelve los problemas de subsistencia de franjas importantes de la sociedad al margen o escasamente vinculado al mercado capitalista y al Estado. Se trata de sectores de escasa formalización e ingresos sumamente inestables.
d) Un capitalismo motorizado por el Estado a través de la distribución secundaria del ingreso.
A esos sectores económicos debe sumarse el sector público en su carácter de productor directo, interventor y regulador de actividades económicas y garante de los bienes y servicios públicos (educación, salud, seguridad, etc). En este segmento el Estado es el empleador, en general se trata de empleo formal, aunque parte de él es precario.
Todos estos sectores a partir de diciembre de 2023 se encuentran en una situación de reacomodamiento a las condiciones de apertura, desregulación, privatización y liberalización que propone el gobierno en curso. Nuestro interés es generar un camino absolutamente diferente para el tiempo que viene.
Teniendo como base esos espacios de reproducción social diversos tenemos como resultado una estructura heterogénea que debe ser abordada con estrategias diversas. Si el horizonte que queremos alcanzar es uno (que podemos denominar como desarrollo industrial integrado social, sectorial y geográficamente), los caminos para llegar deben ser varios porque se asientan en bases sociales diversas. La estructura social se encuentra afectada por procesos de desestructuración que
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comenzaron con la crisis de mediados de los años setenta, se profundizaron con la crisis de la deuda de 1982, vieron un nuevo ciclo de deterioro con la flexibilización laboral y la privatización de los años noventa, estallaron en la crisis de 2001, se consolidaron con el ciclo de endeudamiento del período de Cambiemos y se están profundizando a partir de la gestión de Javier Milei. La contracara del deterioro es el fortalecimiento de los sectores dominantes a través del proceso de concentración de la riqueza, de las exportaciones, de la propiedad y de la extranjerización.
Esta heterogeneidad entre clases y al interior de la clase trabajadora se enmarca en las condiciones que impone el capitalismo global a la economía argentina:
– El extremo grado de financiarización de todos los sectores y actividades. – El alto grado de endeudamiento externo.
– La vigencia de instituciones globales de defensa del capital en contra de los estados nacionales y de los trabajadores.
– La disputa de los centros de poder global (Estados Unidos y China) por la hegemonía mundial tras la decadencia norteamericana, y por la apropiación de los recursos naturales de la periferia.
La conjunción de una estructura interna heterogénea y de una disputa por el dominio geopolítico global, obliga a los gobiernos de carácter nacional y popular a crear las condiciones para ingresar al camino del desarrollo, luego de una defección del sendero operada en estos últimos años. De hecho, Argentina es de los pocos casos de países que ingresa a la trampa de ingresos medios 1 desde arriba, cayendo y no creciendo.
Las condiciones para el desarrollo deben ser políticas y económicas. En el plano político, es importante un acuerdo que represente a cada una de las grandes cuatro esferas, pero con un claro sentido de justicia social. El sentido de justicia social es lo que dará la medida de la vocación integradora, distributiva, participativa y democrática del programa de desarrollo a encarar.
Los condicionantes al desarrollo
En el plano económico, las condiciones para el desarrollo pueden crearse a partir de administrar las tensiones imperantes en el corto plazo:
∙ Endeudamiento externo
En relación a la deuda externa, debe problematizarse la cuestión, entendiéndola como un problema geopolítico, de restricción de la soberanía nacional y de redistribución del ingreso al interior de los sectores sociales domésticos. Por lo tanto, debe ser tratado como un problema geopolítico, jurídico, político, diplomático, social y económico.
Es imprescindible auditar la operatoria del último proceso de endeudamiento, evaluar el destino del dinero, exigir la repatriación del dinero fugado y/o sujetarlo a imposición, deben establecerse las responsabilidades de funcionarios, instituciones de control (Fondo Monetario Internacional, Banco
1Se denomina así a la imposibilidad de ciertos países de sostener niveles de crecimiento elevados durante cierto tiempo, lo que lleva al estancamiento.
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Central, Ministerio de Finanzas, Comisión Nacional de Valores, Unidad de Investigaciones Financieras, Auditoría General de la Nación) y beneficiarios.
Por último, debe prevenirse la recurrencia del fenómeno.
La solución lleva a un control estricto de la cuenta capital y financiera en función del programa de desarrollo.
∙ Administración del tipo de cambio
En relación al hecho de que la Argentina necesita un dólar alto para exportar y un dólar barato para importar bienes de capital, es imprescindible contar con algún tipo de control de cambios que regule y administre el valor y destino de las divisas. Explícitamente debe definirse la prioridad en el uso de las divisas del mercado oficial: la producción, la solidez de las cuentas fiscales y, por último, el consumo externo de los sectores de altos ingresos.
∙ Otros controles de la cuenta capital
Tener un estricto control del ingreso y salida de dinero, establecer períodos mínimos de permanencia en el país, impuestos a las transacciones y topes en los volúmenes de salida.
∙ Comercio exterior
Frente al problema de la alta concentración, la poca transparencia y la escasa fiscalización de las exportaciones, es necesario administrar el comercio exterior, transparentar las operaciones (identificando mercancías, volúmenes, precios, destinos y plazos y períodos de cobro), regular la actividad portuaria y asegurar la liquidación de las operaciones en el corto plazo.
∙ Concentración económica
El problema de la concentración económica se contrarresta a partir de fortalecer el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, de proteger la propiedad colectiva de empresas, las cooperativas, las empresas autogestionadas y los emprendimientos de la economía popular.
El capital especulativo debe tener limitada su movilidad, fijándose plazos de permanencia, destino del capital, impuestos a pagar, y debe analizarse su contribución al mercado local.
∙ Concentración de la tierra
La alta concentración de la propiedad exige regularizar la tenencia de la tierra de productores; limitar la extranjerización, la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de tierras; garantizar la propiedad comunitaria de la tierra.
∙ Inversiones
Respecto de la insuficiencia de inversiones productivas, la situación debe resolverse a través de dos mecanismos: a) una Banca de Fomento que promocione, controle, fiscalice y establezca resultados a alcanzar según tipo de empresas, sectores y lugar geográfico. b) todas las compras del sector público deben estar orientadas a abastecerse preferentemente en el sector de las pequeñas y medianas empresas, así como en la economía social, popular, cooperativa y autogestionada.
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∙ Información estadística confiable
Toda política pública tiene como requisito contar con excelente información estadística pública actualizada. En este punto, hace falta una política de reconstrucción del Sistema Estadístico Nacional que coordine centralmente la producción de información de todos los institutos, centros y registros nacionales y provinciales. Asimismo, es necesario revisar los indicadores a través de los cuáles se mide el bienestar social.
En el más largo plazo, debe encararse una reforma tributaria y, en última instancia, una reforma constitucional que establezca un nuevo pacto social.
La política de empleo y trabajo
Si el desarrollo en términos generales puede ser de difícil aprehensión, esto puede resolverse traduciendo los esfuerzos a la política laboral. El mercado de trabajo también se compone de las heterogeneidades planteadas en las primeras líneas; por lo tanto debe encararse una política de empleo segmentada. En efecto, a los sectores de punta se los debe acompañar; a los sectores intermedios se los debe impulsar con herramientas que favorezcan la inversión productiva (créditos blandos, protección, compre nacional, tributación progresiva); a la economía social, popular, autogestionada, cooperativa y propia de las pymes se la debe proteger con políticas específicas (garantizar desde el Estado la demanda de los bienes y servicios que produce, certificar y fiscalizar la capacidad para realizar actividades económica, financiar el ingreso del trabajo manual y artesanal en una etapa de producción industrial –aunque sea a pequeña escala); y a la población que necesita asistencia del Estado se le brinde la asistencia pero también se la incluya en un camino de inclusión social y económica que les permita alcanzar formas de distribución primaria del ingreso.
Los derechos fundamentales a la alimentación, la vivienda, la educación y la salud de los sectores populares deben sustraerse al mercado capitalista para ser generados en ámbitos colectivos, solidarios y colaborativos (fuera de la centralidad del Estado pero con su respaldo). Es la economía social y popular la que en mejores condiciones y a menores costos puede resolver las necesidades básicas elementales de los sectores más desfavorecidos. En ese espacio, el Estado debe apuntalar la capacidad propia de los sectores populares de resolver las necesidades, antes que dar la solución. De esta manera, apuntamos a que la distribución secundaria del ingreso constituya una herramienta de transición a la incorporación plena al trabajo (no necesariamente al empleo) y a la ciudadanía plena. Debemos evitar que el Estado subsidie a los pobres porque ello puede sellar la exclusión económica y política de los mismos, su remisión a la subsistencia y su disciplinamiento.
Si el Estado contribuye con recursos a que los propios sectores sociales desfavorecidos resuelvan comunitariamente los problemas y necesidades, se estará a las puertas de construir una ciudadanía sujeta a derechos sustantivos. También, de esta manera se evita incluir a los sectores populares a través del consumo individual privado para insertarlos en una dinámica colectiva de participación ciudadana.
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El desarrollo económico y social como desafío
Un factor importante a recuperar es la preocupación porque el desarrollo pierda las connotaciones neoliberales –asociadas casi exclusivamente al crecimiento en términos macroeconómicos o a los ingresos individuales y al consumo individual-, para asumir las del ideario democrático que incluye la vigencia de los derechos civiles y políticos en función de la justicia social.
En el mediano y largo plazo, la conceptualización del desarrollo debe recomponerse a través de la reconstrucción de los sujetos sociales realmente existentes bajo la dialéctica fundamental. En efecto, deben formar parte de la conformación de los sectores trabajadores los distintos clivajes que atraviesan a nuestra sociedad: las nacionalidades, los feminismos, las disidencias, los ecologismos, las luchas por la justicia social, los derechos humanos, la lucha por la tierra; todos deben ser incorporados a la contradicción fundamental que sigue siendo la confrontación entre el trabajo y el capital (ya sea por determinación estructural o por definición en la lucha).
A modo de cierre, no es posible trabajar por el desarrollo económico a cualquier costo. La base del desarrollo económico es una sociedad que garantiza previamente condiciones de vida razonables (alimentación, vivienda, salud y educación) para todos. Esta vez, debiéramos empezar por los cimientos.
Agosto de 2024
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